Asimismo, piden sensibilidad hacia las necesidades del sector
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, la asociación que representa a las denominaciones de origen de vino, celebró el 11 de noviembre, en Lanzarote, su XXX Asamblea General.
Con la presencia de los principales representantes de la gran mayoría de los 54 consejos reguladores que forman parte de CECRV, la Asamblea abordó, como uno de sus puntos centrales, los procesos de reforma de las políticas que regulan a nivel europeo el sistema de indicaciones geográficas, el etiquetado y la promoción de productos agroalimentarios de la UE, incluido el vino.
Quedó de manifiesto es que las denominaciones de origen no necesitan un nuevo reglamento que las regule a nivel europeo, porque ya lo hace el reglamento sobre la Organización Común de Mercados de los productos agrarios la llamada OCM. Esta acaba de ser reformado en el marco de la nueva Política Agraria Común y contiene disposiciones que sí fueron solicitadas y consideradas positivas por las denominaciones de origen. A juicio de las DDOO, un nuevo reglamento no haría sino multiplicar normas e interlocutores administrativos a nivel europeo. Por ello, reivindican que este proceso de reforma se traduzca en nuevas mejoras para la OCM, pero no en un nuevo reglamento de base, que solo añadiría complejidad y disfunciones administrativas.
Precisamente, la reciente reforma de la OCM incluye también nuevas disposiciones de etiquetado nutricional y de ingredientes que harán que el sector del vino y sus operadores proporcionen al consumidor información rigurosa y exhaustiva al respecto.
Las DDOO de vino y el conjunto del sector consideran incomprensible que disposiciones que aún no han entrado siquiera en vigor (lo harán en diciembre de 2023) y que suponen avances significativos en materia de información facilitada al consumidor puedan ser revisadas por la Comisión Europea en la reforma de la política de etiquetado de productos agroalimentarios que tiene previsto lanzar la Comisión en los próximos meses. Tienen claro que el sector no debe ser objeto de una nueva reforma de etiquetado, habiéndose aprobado hace apenas 11 meses la anterior.
Más consideración
La Asamblea sirvió también para seguir reclamando a las administraciones públicas atención y consideración hacia el patrimonio cultural, social, económico y paisajístico que supone el viñedo para las zonas rurales en las que se asienta. Las denominaciones de origen consideran una amenaza creciente para el sector del vino la proliferación descontrolada de proyectos de infraestructuras de producción de diferentes fuentes de energía (incluyendo parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas), así como de actuaciones de carácter industrial, en zonas de viñedo y que ponen en riesgo la viabilidad de este cultivo.
Sin estar en contra de estos proyectos, entienden que son contrarios a que su implantación tenga lugar en lugares en los que el viñedo representa una importante actividad productiva, por el impacto paisajístico que conllevan en la zona. Por ello, insisten en reclamar un marco regulatorio más ambicioso por parte de las administraciones, que asegure una ordenación del territorio que respete, proteja y priorice sus propios recursos.
