La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas muestra su preocupación ante las consecuencias económicas y sociales del COVID19
La Comisión de Asuntos Laborales de la Industria de Alimentación y Bebidas, integrada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), UGT FICA y CCOO-INDUSTRIA, ha mostrado su preocupación ante la profundidad que está alcanzando la crisis sanitaria provocada por el COVID19 y la posibilidad de que se produzca una recesión económica grave y sostenida a escala global, con las peores consecuencias sobre el empleo y la economía en nuestro país y en el resto del mundo.
La Industria Española de Alimentos y Bebidas es el primer sector industrial del país y un agente estratégico económico y social que emplea a más de medio millón de trabajadores a través de más 30.000 empresas, en su mayoría pymes. Los agentes sociales miran con inquietud las repercusiones de esta crisis sobre esta industria, uno de los pilares de la sociedad española que en estos momentos redobla sus esfuerzos para garantizar a los consumidores el suministro de una oferta amplia y variada, garantizando la seguridad y calidad de sus productos.
La Comisión ha valorado positivamente muchas de las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de España, como la propuesta de activar la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el establecimiento de un Plan de Inversiones Corona, entre otros. Sin embargo, han solicitado mayores esfuerzos para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y mayor apoyo económico a las empresas con el objetivo de mantener su actividad y empleo presente y futuro.
De esta manera, y en línea con las reivindicaciones de sus homólogos europeos, FIAB, UGT FICA y CCOO–INDUSTRIA instan a las autoridades a estudiar las siguientes consideraciones:
1. Reconocer el papel esencial de las personas trabajadoras del sector. Toda la industria y sus sectores auxiliares son esenciales para garantizar el abastecimiento a la población, por lo que instan al Gobierno a impulsar medidas de apoyo eficaces y con participación de los agentes sociales.
2. Protocolos armonizados y medidas para el abastecimiento de EPIS. La protección de la salud de las personas trabajadoras del sector alimentario debe ser una prioridad para garantizar la alimentación de la población en estos momentos. Así, se reclama unas directrices armonizadas para que las personas del sector alimentario puedan continuar su trabajo en condiciones de seguridad y salud.
Además, se solicita tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea poder garantizar el acceso a las empresas del sector a un sistema de compra centralizado para evitar la competencia desleal, y tener asegurada la distribución de material y equipos que permitan el desarrollo seguro de la actividad empresarial.
3. Apoyo a las empresas y personas trabajadoras. Ante el impacto del cierre del canal HORECA y en un sector compuesto en su mayoría por PYMES, los agentes sociales solicitan una serie de medidas de emergencia globales para mantener los puestos de trabajo y la sostenibilidad de económica del sector y de la economía española.
Entre otras medidas, contemplan profundizar más en las ayudas estatales a las empresas, la utilización de otros fondos de la Unión Europea para ayudar a sus Estados Miembros, o garantizar el apoyo financiero y de ingresos para empresas, entre otras.
