Las organizaciones que representan a las denominaciones de origen de vino a nivel UE (EFOW) y a nivel nacional (CECRV) consideran que la propuesta de reforma del sistema de indicaciones geográficas presentada por la Comisión Europea conseguiría lo contrario de lo que pretende: debilitar a las figuras de calidad, en lugar de reforzarlas, complicar su gestión, en vez de simplificarla, y socavar el vínculo de las IIGG con el desarrollo rural, en lugar de fortalecerlo.
La propuesta legislativa sobre el sistema de indicaciones geográficas presentada por la Comisión Europea carece, a juicio de las organizaciones representativas de las denominaciones de origen de vino europea y nacional, de visión, de claridad y de ambición. Asimismo, podría poner en peligro la fortaleza del sector, debilitando las figuras de calidad, que en las últimas décadas se han convertido en verdaderos motores de la calidad y del prestigio del vino y del resto de productos agroalimentarios de nuestro país y de la Unión.
Estas organizaciones añaden que no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IIGG (tal y como le solicitaba en diciembre de 2019 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su carta de mandato al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski) sin tener en cuenta las necesidades que las propias indicaciones geográficas vienen trasladándole a la Comisión desde que a principios de 2021 comenzó a gestarse esta propuesta.
Complicaría al sector
La European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) entienden que la propuesta de la Comisión carece de visión, porque no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG de la DG AGRI (Comisión Europea) en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), lo que, de facto, supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (la EUIPO se dedica a la protección de marcas y diseños en la UE), cuando una IG es mucho más que la protección del nombre. Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios (control, promoción de la calidad diferenciada vinculada a un territorio, en beneficio del desarrollo rural de una zona…).
Hasta el momento, el marco jurídico actual (la regulación de las IIGG queda dentro de la regulación europea para la Organización Común del Mercado de los productos agrarios -OCM-) ha abordado las figuras de calidad como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE. Y esto se vería socavado si la reforma planteada por la Comisión Europea fuese aprobada en los términos actuales. Y es que la propuesta de la Comisión desvincula del Reglamento europeo de la OCM (uno de los pilares de la PAC) muchas disposiciones referidas a las IIGG, cuando muchos de los asuntos relativos a la gestión de las indicaciones geográficas no pueden desligarse de los debates y cuestiones de mercado que atañen al conjunto de los sectores a los que pertenecen.
La propuesta legislativa resulta, para EFOW y para CECRV, poco clara, en dos sentidos. Por una parte, porque, aunque pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión. Como advierten los responsables de estas organizaciones, esta simplificación es solo para la Comisión Europea y no para los operadores de indicaciones geográficas, porque la propuesta multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG, ya que, a la Comisión Europea se añadiría la EUIPO. Y por otra, porque resulta preocupante que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria, y, en consecuencia, con un poder de control menor por parte del Parlamento Europeo y los Estados miembros, que verían limitada su co-decisión en este proceso de tramitación legislativa, pudiendo aceptar o rechazar propuestas de la Comisión en forma de reglamentos delegados y de ejecución, pero no plantear modificaciones sobre las mismas.
Por último, tanto EFOW como CECRV califican la propuesta legislativa de poco ambiciosa, porque precisamente en aquellos aspectos en los que las denominaciones de origen de vino sí han solicitado a la Comisión avances y mejoras colectivas (la sostenibilidad, las capacidades y atribuciones de las agrupaciones de productores reconocidas -órganos de gestión de las IIGG-, la protección online), la reforma no va más allá de los compromisos que sobre ello ya recoge la nueva PAC y la legislación UE en vigor.
La propuesta contempla algunos elementos positivos (sobre todo, en cuanto al refuerzo de la representatividad de las agrupaciones de productores reconocidas como IIGG y en materia de protección de las indicaciones geográficas cuando estas se usan como ingredientes). Por todo ello, las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas consideran que una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa. Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión no solo no amplía esos ámbitos, sino que plantea obstáculos a su aplicación y no aporta ningún valor añadido a lo ya incluido para las figuras de calidad en la nueva PAC. Así, EFOW y sus miembros, caso de CECRV por parte española, trabajarán intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados Miembro en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una política sólida de IIGG.
