Sucedió en una bodega de la DO Ribera del Duero
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 20 y 51 años de edad como presuntos autores -en distinto grado de participación- de los delitos: continuado de estafa, blanqueo de capitales y de usurpación de estado civil; hay una tercera persona identificada y vinculada con la trama.
Los hechos ocurrieron en agosto pasado: un bodeguero de la Ribera del Duero recibía una solicitud de pedido de 720 botellas de vino. Tras el intercambio de mensajes se concretó una venta de algo más de 4.800 euros. Tras enviar la mercancía no se ingresó el dinero y los solicitantes desaparecieron, sin contestar a las llamadas y requerimientos de la bodega.
Así, se abría una investigación por parte del equipo de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de Burgos para descifrar la ‘huella digital’ que seguramente habrían ido dejando los autores.
Fruto de ello se obtiene la identidad de una persona, que resulta ser el principal cabecilla. Es el responsable de gestionar y realizar los encargos para una sociedad, que resulta ser una empresa ficticia, creada con el único fin de dar aparente respaldo legal a las transacciones y ganarse de este modo la confianza de las víctimas.
Avanza la investigación y se obtiene la identidad de un segundo implicado, que hace la función de receptor del producto y de transportista; paralelamente se localiza una furgoneta, vehículo con el que se realizan los portes desde el Centro Logístico donde se reciben los encargos, hasta una gran nave ubicada en una localidad madrileña.
Este local, además de almacén sirve de punto de distribución y venta de la mercancía adquirida fraudulentamente, que es introducida en el mercado negro con apariencia de legalidad; en él se halla el vino ribereño y multitud de otros productos alimentarios procedentes de estafas similares, cuya lícita tenencia no pueden demostrar.
De esta manera se han recuperado las 720 botellas de vino que han sido entregadas a la bodega y paralelamente se contacta con cuatro empresas del sector alimentario ubicadas en Sevilla, Alicante, Jaén y La Rioja, que también han sido engañadas bajo el mismo modus operandi, lo que ha supuesto un montante final de más de 16.800 euros.
