El Ministerio de Agricultura ha ampliado en diez días hábiles el plazo de resolución para fijar para el año 2018 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, resolver las solicitudes de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación, y publicar la puntuación asignada por las Comunidades Autónomas a cada tipo de explotación para el criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación.
En otros términos, que el Mapama, a través de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, publicará la citada resolución entre Navidad y Fin de Año de este mes de diciembre.
Los motivos aducidos, tal y como ha acordado dicha Dirección General, son que “realizada la preceptiva audiencia a las comunidades autónomas y al sector de la propuesta correspondiente, resolviendo las cuestiones antes citadas, la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, unidad instructora del procedimiento, ha informado que, en función de la documentación recibida, resulta imposible elevar una propuesta debidamente motivada a esta autoridad que posibilite dictar una resolución a más tardar el 14 de diciembre, para que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de diciembre, siendo este último día el término del plazo previsto en el Real Decreto 772/2017, de 28 de junio.”
A nadie se le escapa que el principal retraso, aunque no el único, viene dado por la polémica vivida estos días en la DOP Cava, no vinculada, como sí lo están el resto, a una zona o ámbito geográfico concreto, sino que está presente en 8 Comunidades Autónomas, solapándose en ellas con otras DOP vitivinícolas.
El problema de base es que existen alrededor de 30.000 hectáreas de viñedo, situadas en zonas acogidas a la DOP Cava, sobre todo en la comarca extremeña de Tierra de Barros y en la valenciana de Utiel-Requena, que podrían replantar uva para producir vino espumoso, con lo que se incrementaría la oferta de producción, previsiblemente más allá del nivel de aumento de la demanda de consumo interno y exterior.
Los viticultores de estas dos comarcas principalmente quieren plantar las variedades de uva para producir este tipo de vinos, ya que cuentan con un precio de mercado y porque la comercialización de sus cavas/espumosos ha crecido en los últimos años, debido también al “conflicto” político del Gobierno catalán con el Gobierno de España, que se ha traslado en parte a la sociedad civil
Al Ministerio de Agricultura le toca actuar de mediador entre los que demandan poder incrementar la superficie de viñedo destinada a la elaboración de cavas/vinos espumosos y el Consejo Regulador de esta DOP y de los vitivinicultores catalanes, donde se produce en total el 95% del cava, que piden que haya nuevas plantaciones durante los tres próximos años (2018, 2019 y 2020), ni tampoco replantaciones de viñedo para no crecer de forma desordenada sin tener en cuenta la evolución del consumo y de las ventas.
Durante el pasado año, la producción de cava aumentó un 6,5% y sumó unas 200 nuevas hectáreas de viñedo, mientras que el consumo creció el 0,42% en 2016.
Hasta ahora, la posición del Ministerio de Agricultura había sido no poner límites adicionales al crecimiento del viñedo más allá de los generales para el conjunto del sector, lo que suponía un incremento de unas 170 hectáreas (0,5% de la extensión total de 34.000 hectáreas), una cifra intermedia entre los que quieren crecer más y los que no quieren crecer nada y que, en todo caso, no contenta a ninguna de las dos partes.
Fuente: Agronegocios
